Nicaragua vive una oleada de violentas protestas desatadas por la decisión del gobierno del presidente Daniel Ortega de reformar el quebrado sistema de pensiones con un aumento de contribuciones obreras y patronales.

Las siguientes son cuatro claves para entender la reforma y el amplio movimiento de protestas que desencadenó.

- Un sistema en quiebra -
La reforma al sistema de pensiones que administra el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) fue firmada el 16 de abril y publicada en La Gaceta (diario oficial) dos días después, ese mismo día estallaron las protestas.

"Son medidas sumamente importantes para asegurar la confianza, la estabilidad y bienestar" del país, afirmó la vicepresidenta y portavoz oficial, Rosario Murillo, al justificar la medida el día de su firma.

Las medidas buscan "mejorar el balance financiero del sistema de pensiones" para enfrentar un déficit de más de 76 millones de dólares, explicó el INSS.

La reforma habría aumentado de 19% a 21% el aporte patronal al régimen de seguridad integral, que abarca invalidez, vejez, muerte, enfermedad y maternidad.

Posteriormente tendría aumentos graduales hasta alcanzar 22,5% en 2020.

Las cotizaciones de los trabajadores se habrían incrementado de 6,25% a 7% sobre el salario mensual, mientras que la cuota del Estado aumentaba de 0,25% a 1,25%.

El INSS también debía deducir a los jubilados 5% de su pensión para cubrir su atención médica.

La vicepresidenta dijo que la edad de jubilación se mantendría en 60 años, y en 750 las semanas de cotización.

- Fuente de corrupción -
Según los estudiantes que iniciaron las manifestaciones el 18 de abril pasado, el INSS ha sido saqueado por el gobierno del presidente Ortega, que lo ha usado para financiar todo tipo de gastos, incluso personales.

"Antes de Ortega el INSS operaba con superávit, hoy estamos con déficit", comentó el estudiante Clifford Ramírez, de la Universidad Tomás Moro, que participó desde el inicio de las protestas.

Datos oficiales indican que el instituto mantenía hasta 2007 un superávit de más de 32,6 millones de dólares al cambio actual, cifra que se convirtió en un déficit de más de 76 millones de dólares a la fecha.

"Ese dinero se ha desviado en corrupción, han financiado fiestas, viajes y hoy día el seguro no tiene capacidad ni de comprar medicamentos", reclamó Ramírez.

A su juicio, la reforma busca que la población contribuya a "recuperar el dinero desviado".

- Empresarios molestos -
El aumento en las contribuciones al INSS generó una ruptura del gremio empresarial con el presidente Ortega, a quien había respaldado desde que volvió al poder en 2007.

"El proceso seguido ante las reformas del INSS representa para el sector privado una señal sobre temas económicos que provoca desconfianza y cuestiona el modelo de diálogo y consenso constitucional vigente", indicó el poderoso Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) en un comunicado.

El gremio empresarial advirtió que los cambios atentan contra el crecimiento económico y la generación de empleo en Nicaragua, uno de los países más pobres del hemisferio.

Ortega invitó el sábado al sector privado a dialogar sobre la reforma, pero el COSEP condicionó su participación al fin de la represión, la liberación de manifestantes detenidos, y a un diálogo inclusivo que abarque otros sectores de la sociedad.

- Marcha atrás -
Frente a la oposición general que despertó la reforma, el presidente Daniel Ortega anunció el domingo pasado que la medida había sido revocada por una resolución de la directiva del INSS.

"Esta resolución que estoy dando a conocer en estos momentos, que acaba de aprobarla el Consejo Directivo de la Seguridad Social, lo que está haciendo es revocando (...) la resolución anterior del 16 de abril, que fue la resolución que sirvió como detonante para que se iniciara toda esta situación de protesta", dijo Ortega al anunciar la decisión.

El mandatario adelantó que convocaría a una mesa de diálogo con participación del arzobispo Leopoldo Brenes para elaborar una nueva propuesta de reforma del INSS.